The Government of Aragón doubles aid for municipalities to strengthen their video surveillance

He Government of Aragón doubles the budget allocated for the installation of video surveillance systems in rural municipalities, raising the amount to 400.000 a 800.000 euros after the high number of requests received from the municipalities.

The measure will allow increasing the number of beneficiary towns and strengthen security in rural areas through the installation of cameras at access points and strategic locations. The call, promoted by the Department of Territorial Cohesion within the Territorial Cohesion Fund, received 231 requests before the deadline, a demand that multiplied by five the initially planned budget. Given this situation, la Dirección General de Despoblación ha decidido incorporar otros 400.000 euros procedentes de remanentes de otras líneas de ayudas para atender un mayor número de proyectos.

Las subvenciones están destinadas a financiar la adquisición e instalación de sistemas fijos de videovigilancia en municipios y núcleos habitados, con ayudas que oscilan entre los 1.500 and the 10.000 euros por entidad local.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen cámaras de videovigilancia, domos de vigilancia permanente, routers, discos duros, sistemas de alimentación y conexión, signaling, elementos de fijación y la obra civil necesaria para su puesta en funcionamiento, como acometidas eléctricas o conexiones a redes de datos.

La iniciativa responde al creciente interés de los pequeños municipios por incorporar tecnologías de seguridad que permitan prevenir actos vandálicos, robos y otros incidentes, además de facilitar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la identificación de vehículos y la obtención de pruebas en caso de delito.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo aragonés, la comunidad supera ya las 1.450 cámaras de videovigilancia distribuidas en 111 municipios, una cifra que refleja la rápida implantación de este tipo de infraestructuras en el entorno rural durante los últimos años.

La ampliación presupuestaria confirma una tendencia al alza en la inversión pública destinada a soluciones de seguridad inteligente para el medio rural. La elevada demanda registrada en la convocatoria pone de manifiesto que la videovigilancia se ha consolidado como una herramienta estratégica para mejorar la protección de infraestructuras municipales, patrimonio y espacios públicos, especialmente en localidades con recursos limitados y menor presencia permanente de efectivos de seguridad.